Ley organica de la Univerisdad Nacional Autonoma de Mexico
Ley orgánica de la UNAM (1945)
El conflicto por el que atraviesa
la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 20 de abril pasado, cuando
el Consejo General de Huelga interrumpió las actividades docentes de la
institución, representa ya la suspensión de clases más prolongada de su
historia, que por lo demás dista mucho de haber sido tranquila. La historia de
los 89 años que tiene la Universidad Nacional, desde su reapertura durante los
festejos por el Centenario del inicio de la Guerra de Independencia, es
demasiado larga y llena de acontecimientos importantes para la historia del
país como para pretender reseñarla en unas cuantas líneas. Sin embargo, en un
ambiente cargado de especulaciones acerca del futuro de la Universidad,
conviene recordar tres momentos estelares en la historia de la UNAM porque
definieron arreglos institucionales internos y con el Estado mexicano. Estas
tres coyunturas tan especiales son las que dieron lugar a la Ley de Autonomía
Universitaria de 1929 y a las leyes orgánicas de 1933 y 1945.
Las relaciones entre el Estado
mexicano y su Universidad Nacional han sido complejas y desde la reapertura de
la misma, en 1910, han estado marcadas por la ambigüedad. Nació como la última
gran fundación institucional del gobierno de Porfirio Díaz, a tan sólo ocho
meses de la renuncia del presidente que auspició su apertura por iniciativa de
su secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra. Los
gobiernos revolucionarios vieron con desconfianza a la aristocrática institución;
durante su primera década de vida luchó desesperadamente por sobrevivir al
derrumbe del Porfiriato. Durante el periodo de José Vasconcelos, primero como
rector y después como secretario de Educación, hubo algunos conflictos que se
agravaron por la negativa del secretario a que se le concediera la autonomía a
la Universidad. En 1925 se inició un nuevo conflicto entre el Estado y la
Universidad cuando el presidente Calles aprobó la creación de un nuevo nivel
educativo de tres años inmediatamente posterior a la primaria, que desde
entonces se denomina educación secundaria, que implicaba restarle esos tres
años al bachillerato y, por consiguiente, a la Escuela Nacional Preparatoria de
la Universidad. Un segundo conflicto importante entre la Universidad y la SEP
fue el relativo a la formación de profesores para este nuevo nivel educativo,
que se resolvió con la salida de la Escuela Normal Superior de la Universidad y
su transferencia a la SEP en medio de fuertes protestas de los universitarios.
Estos son los antecedentes
inmediatos del conflicto estudiantil de 1929, que se inició como una protesta
de los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la designación
de su director y por la modificación del sistema de evaluación, y de los
alumnos de la Preparatoria por una reforma de su plan de estudios. Después de
que fracasaron las negociaciones con los estudiantes inconformes conducidas por
el secretario general de la Universidad, Daniel Cosío Villegas, estalló la
huelga a principios de mayo. Las autoridades federales reaccionaron
inicialmente con un aparente desinterés y el secretario de Educación, Ezequiel
Padilla, declaró que la SEP estaba más interesada “en atender a las escuelas
rurales que a las profesionales, cuya educación es de carácter eminentemente
privado”. Pero el incremento de las protestas estudiantiles y de los
enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública llevaron al
gobierno federal a cambiar su posición, ante la cercanía de las elecciones
presidenciales y la simpatía que despertaba la candidatura de Vasconcelos entre
algunos sectores de la Universidad.
Para evitar que Vasconcelos aprovechara el conflicto estudiantil a su favor, el
presidente Portes Gil decidió satisfacer el pliego petitorio de los
estudiantes, que se había ampliado para incluir la renuncia del rector y otros
funcionarios federales. A fines de mayo los estudiantes dirigieron al
presidente de la República un memorial en el que solicitaban la autonomía
universitaria y organizaron una marcha el día 28 de ese mes. Ese día, Portes
Gil salió al balcón central del Palacio Nacional y anunció que había decidido
conceder la autonomía a la Universidad Nacional. La huelga estudiantil se
levantó el 13 de junio y la Ley Orgánica de la Universidad fue publicada el 26 de
julio.
La Ley de 1929 establecía que el
Consejo Universitario sería la máxima autoridad de la Universidad y estaría
integrado por directores, profesores y estudiantes, que entre otras muchas
atribuciones se encargarían de integrar las ternas para que el presidente
designara al rector y a los directores de escuelas y facultades. Sobre las
razones que animaron a las autoridades federales a obrar de esta manera se
especuló mucho en su momento, y aún hoy no son del todo claras. En los
considerandos de la propia Ley podemos encontrar una probable respuesta, cuando
se señalaba que, después de haber adquirido su autonomía, la Universidad
tendría que convertirse con el transcurso del tiempo en una institución
privada. Sin embargo, el presidente de la República siguió gozando de
importantes atribuciones en el gobierno interno de la Universidad, pues además
de la designación del rector y los directores de facultades y escuelas a partir
de las ternas integradas por el Consejo Universitario, conservó la facultad de vetar
algunas decisiones del propio Consejo.
En 1933 la Universidad enfrentó
un severo conflicto, provocado por la oposición entre los promotores de la
educación socialista y los defensores de la libertad de cátedra. Como resultado
de las protestas de éstos últimos, en septiembre de ese año fueron obligados a
renunciar el rector Roberto Medellín y el director de la Escuela Nacional
Preparatoria, Vicente Lombardo Toledano. El gobierno reaccionó con evidente
disgusto por estar detrás de los que pedían la educación socialista. El
secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, fue el artífice de una nueva
ley que en su exposición de motivos enunciaba como su principal propósito el de
otorgar a la Universidad la autonomía absoluta, pero a cambio de varias restricciones
y limitaciones para el desarrollo futuro de la Universidad. Para comenzar, le
fue retirado su carácter nacional y el subsidio anual que le otorgaba el
gobierno. A cambio se estableció una suma fija de diez millones de pesos, cuyos
intereses anuales eran claramente insuficientes para cubrir el presupuesto
universitario. La máxima autoridad siguió siendo el Consejo Universitario, pero
ahora las ternas para la designación de directores le serían presentadas por
las Academias Mixtas de profesores y alumnos, que también fungirían como
órganos colegiados de gobierno dentro de las facultades y escuelas.
La Ley de 1933, también conocida
como Ley Bassols, provocó numerosos problemas dentro de la Universidad porque
la integración de las ternas para elegir directores de facultades y escuelas
quedó a cargo de las academias de estudiantes y profesores y la designación
final pasó a ser atribución del Consejo Universitario. Pero el conflicto más
grave tuvo lugar en 1935, cuando el enfrentamiento entre el rector Fernando
Ocaranza y el presidente Lázaro Cárdenas desembocó en la suspensión de
actividades de la Universidad en septiembre de ese año. Esta inusitada decisión
tuvo su origen en las penurias económicas por las que atravesaba la institución
a partir de la aprobación de la Ley Bassols. El 10 de septiembre de 1935 el
Consejo Universitario ordenó la suspensión de actividades de la Universidad por
carecer de los elementos indispensables para continuarlas, incluidos los de
orden económico. El presidente Cárdenas respondió que si el gobierno federal
asumía toda la responsabilidad en el sostenimiento de la Universidad,
demandaría también mayor injerencia en su administración y limitaría su
autonomía. El presidente estuvo a punto de expedir una nueva ley, pero la renuncia
de Ocaranza y la elección de Luis Chico Goerne permitieron tender puentes entre
el gobierno y las autoridades universitarias y la crisis pudo ser superada.
La elección de autoridades
conforme a la ley de 1933 siguió siendo fuente de constantes problemas. En 1944
el rector Rodulfo Brito Foucher enfrentó un severo conflicto que tuvo su origen
en la rebeldía de los estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria ante la
reelección de su director por parte del Consejo Universitario. En los
disturbios que provocaron los estudiantes inconformes, un estudiante de
Veterinaria fue abatido a balazos y el rector presentó su renuncia. A
continuación los opositores a Brito integraron un Directorio para que gobernara
la Universidad y desconocieron al Consejo Universitario. La situación se
complicó cuando el Directorio llamó a la comunidad a elegir un Consejo
Universitario Constituyente y a principios de agosto de 1944 la Universidad
tuvo dos consejos, que procedieron cada uno a elegir su propio rector. El
presidente Manuel Ávila Camacho, que había estado pendiente de la evolución de
los acontecimientos, decidió intervenir y actuó como mediador. La solución que
propuso el presidente fue aceptada por ambas partes y consistía en que los dos
rectores renunciaran y una junta de ex rectores se hiciera cargo del gobierno
de la Universidad y procediera a elegir un nuevo rector y a integrar un nuevo
Consejo Constituyente. El rector así nombrado y el Consejo se dedicaría a
estudiar y aprobar la reforma integral de la Universidad.
La Junta de Avenimiento estuvo
integrada por los ex rectores Manuel Gómez Morín, Fernando Ocaranza, Gustavo
Baz, Ignacio García Téllez, Luis Chico Goerne, y Mario de la Cueva. El 31 de
agosto la Junta de Avenimiento nombró rector provisional el doctor Alfonso Caso
Andrade y antes de concluir sus trabajos expidió unas bases para la elección
del Consejo Universitario Constituyente, para integrar un Patronato que
administrara el patrimonio universitario y para facultar al rector provisional
para que pudiera designar a los directores de las escuelas y facultades que
estaban vacantes. El Consejo Universitario Constituyente quedó formalmente
instalado el 23 de octubre de 1944 y sesionó durante dos meses, al término de
los cuales aprobó el proyecto de Ley Orgánica que el rector Alfonso Caso envió
al presidente de la República para que siguiera los trámites pertinentes para
su debida aprobación y para su promulgación. Finalmente, la Ley Orgánica de la UNAM hasta
ahora vigente fue publicada el 6 de enero de 1945 y el Estatuto General de la
Universidad fue aprobado durante los primeros meses de ese año.
Concluida su misión, el rector Alfonso Caso renunció el 24 de marzo de 1945.
La Ley Orgánica de 1945
representó un viraje fundamental respecto a las dos leyes anteriores, por la
creación de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, autoridades que
vinieron a equilibrar la estructura de gobierno de la Universidad. La idea de
la Junta de Gobierno estaba en el aire desde agosto de 1944, cuando se hablaba
ya de la necesidad de eliminar la polarización que surgía en las escuelas y
facultades con motivo de las designaciones de directores y al seno del propio
Consejo Universitario cuando correspondía elegir rector. No faltaron quienes
consideraron el nuevo procedimiento de designación de autoridades a cargo de la
Junta de Gobierno (directores de Facultades, Escuelas e Institutos a partir de
ternas presentadas por el rector) como un retroceso democrático, pero en los
trabajos del Consejo Constituyente prevaleció el criterio de buscar una forma
que redujera hasta donde fuera posible la politización de estos procedimientos.
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